Está facultada la Contraloría para
INHABILITAR POLITICAMENTE…¿?
*
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Artículo 42
“El
ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser
suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.
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Cambiar
los resultados si no le son favorables como hacen el CNE y la Contraloría
General de la República, es a todas luces un encargo. Es evidente que las
instituciones en Venezuela actúan como aparato de poder autoritario.
Las acciones que en justicia desatienden tanto el CNE como la Contraloría General de la República, nos remiten a evidentes reglas maniqueas con las que se establecen las sanciones y las indulgencias, que dictan como medida, dependiendo del bando a ser premiado o victimizado. Todos somos víctimas.
La paralización de competencias a la oposición, es una de las armas de las que el régimen se vale para restar fuerza a lo que a todas luces debe ser su caída. Hasta ahora, figuras de vehemencia comprobada como María Corina Machado y Enzo Escarano les frenan la participación en la elección parlamentaria de Diciembre, temidos por tratarse de figuras vehementes con favoritismo y triunfo asegurado.
Los motivos de la inhabilitación a María Corina Machado son descritos como "inconsistencias o ocultamiento de información en la Declaración Jurada
de Patrimonio", medida tan insubstancial que cae por propio peso ya
que lo que motiva a tal disposición es por la supuesta no declaración de "unos cestaticket" que nunca
recibió.
María
Corina Machado, dirigente del movimiento Vente Venezuela, compartió el documento
firmado por el Contralor General Tomás Arias Castillo, en el que se le
inhabilita para optar a cualquier cargo público por un período de un año, medida que calificó de "fraude" enmarcado en una decisión política del régimen.
Que
sepamos, hasta ahora, esta “Contraloría”
ha inhabilitado al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, a la
(ex)diputada María Corina Machado y al exalcalde del municipio San Diego, Enzo
Scarano, por lo que ha negado que se trate de retaliaciones políticas.
El exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, ha sido una reciente victima
de los atropellos encargados a acometer, este por un período de diez años.
Por este medio protesto las disposiciones
adoptadas por quienes no practican la justicia como método constitucional. Cuando no defendemos nuestros derechos, se pierde la dignidad y la
dignidad no puede ser negociada.
El 6D
comienza la transición. Falta poco.
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