La decisión interesada de la Sala de Casación Penal del TSJ, vulnera el derecho al debido proceso, al declarar “sin lugar” el recurso de nulidad en la sentencia de los ex comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas. Esta decisión nos sitúa, y no deja lugar a dudas, respecto al secuestro de los poderes institucionales por parte del gobierno nacional, negando los derechos políticos a los involucrados, en un proceso judicial indiscutiblemente viciado.
EL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDOSon nueve los acusados en el caso del 11 de abril de 2002. Tres de ellos, los comisarios, en derecho se preparaban para ser electos democráticamente como representantes, Diputados a la Asamblea Nacional, para luchar por los derechos colectívos.
El Poder Electoral que está obligado por la Constitución de la República a garantizar a todos los venezolanos su derecho a elegir y a ser elegido, por lo que el Consejo Nacional Electoral no debería impedir la inscripción a presos y procesados políticos sin sentencia definitivamente firme como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Es por ello que se produce la decisión apresurada por parte de la sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia al ratificar condenas de hasta 30 años de cárcel
“La totalidad de las denuncias presentadas fueron desestimadas por manifiestamente infundadas, por motivos de: carencia de técnica casacional al ser presentadas en forma incongruente, general o confusa”.
Según el defensor de los sentenciados, Dr. José Luis Tamayo, es “imposible” que hayan leído, analizado y ponderado el recuso introducido ante la Sala de Casación Penal en menos de 15 días, ya que éste constaba de más de ocho mil folios. El defensor también resaltó “Estamos presenciado algo verdaderamente insólito (…) una celeridad procesal verdaderamente sospechosa”
¡PROHIBIDO OLVIDAR!LOS PISTOLEROS DE LLAGUNO
Exentos de culpa y proclamados héroes
Cuántos más deberán caer, cuantos más nacer en opresión
Zopilotes, cucos, ladinos
Venezuela está en manos del hampa; el país se ha convertido en patio de pandilleros, guerrilla y terrorismo. Quien por acción y derecho ose reclamar la ausencia de justicia, es expuesto al escarnio y a persecución y, casi seguramente, irá a la cárcel.
María de Lourdes Afiuni fue sentenciada por el señor Chávez desde su programa de los domingos y juzgada en extrañas circunstancias “legales”. El Dr. Oswaldo Álvarez Paz, imputado al ejercer su derecho a la libertad de expresión, el productor agrícola Franklin Brito quien por manifestar el abuso cometido contra su propiedad ha sido objeto de secuestro por los cuerpos represivos del Estado, el Dr. Diego Arria, cuya finca fue expropiada, saqueada y amenazado con saña socarrona por quienes detentan poder político, grandes resentidos que bajo esquemas ligados a su condición de oportunismo y bajos instintos, destruyen las instituciones de Venezuela.
Todos somos objeto de la amenaza de meternos en “el carril”, la coacción de que lo mejor sería hacernos los ciegos, los sordos y callarnos bajo el temor de ser alcanzados por su furia destructiva.
La Dra. Rocio San Miguel, es victima de persecución política, que se concreta en amenazas y descalificación dada su labor como luchadora en defensa de las libertades secuestradas y los violentados derechos humanos fundamentales y recientemente por ser denunciante de la inconstitucionalidad de la formal inscripción de unos militares de alto rango en el PSUV Partido de Gobierno. La Dra San Miguel ha sido amenazada y su marido, militar de carrera, ha sido dado de baja, coerción a fin de que esta cese en sus objetivos.
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