“Fiscala” General de Venezuela
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En Venezuela, sin vergüenza alguna, se utilizan los procesos judiciales y administrativos para conseguir objetivos políticos. A la luz de todos los que lo quieran ver, se vulneran la dignidad, el decoro y la legitimidad de los poderes públicos para transformarlos en instrumentos dóciles de la perturbada voluntad presidencial.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció que pedirá el enjuiciamiento de “todas aquellas personas que alteren la tranquilidad y la paz pública del país”, en alusión a recientes marchas opositoras que terminaron siendo disueltas, con gases prohibidos internacionalmente y chorros de un líquido turbio no precisado, por parte de funcionarios policiales. La “fiscala” sigue ocupándose de resguardar la tranquilidad de su jefe, mientras los Derechos Humanos en Venezuela son violados por la represión política, constituyendose, una vez más, en el agente designado que busca perseguir y criminalizar a la disidencia en el país.
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En ese sentido el Estado de Derecho ha perdido consistencia y talante democrático. Y es por eso que admitimos con inmensa preocupación el hecho de que nuestros poderes públicos se han licuado en un proceso en el que es difícil aspirar a que haya balances y controles institucionales lo suficientemente vigorosos como para que los ciudadanos se sientan protegidos de la arbitrariedad. Por eso advertimos sobre la importancia de recuperar la vigencia de todos los derechos y garantías. Es esencial para la salud, la paz, el progreso y el sosiego del país que nadie se sienta injustamente perseguido, acosado y hostigado, sobre todo cuando los que si son culpables de delitos y terribles crímenes se encuentran en libertad, amparados por la impunidad y la solidaridad automática de sus correligionarios.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara y precisa en el reconocimiento de los derechos humanos y garantías ciudadanas. Estos derechos contenidos en los ciento dieciséis artículos del Título III son imperativos universales, absolutos, innegociables, inalienables y debidamente estatuidos por Convenciones Internacionales, además de nuestra Carta Magna. Por lo tanto nadie puede permitirse la licencia moral de relativizarlos e interpretarlos de acuerdo a la conveniencia política del momento. Sin embargo somos espectadores obligados de la violación del debido proceso y de la presunción de inocencia de todos aquellos a quienes por alguna razón o circunstancia tienen alguna diferencia substancial con el régimen. Hemos visto como los poderes públicos asienten sin objeciones o protestas la orden presidencial de abrir causas judiciales a personas e instituciones, que de esta forma están condenadas de antemano por el mandato presidencial, obviando el Estado Democrático de Derecho y de Justicia que proclama la Constitución.
LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN
Constitución de Venezuela
Artículo 68.- "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público".
Artículo 25.- "Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores".
